Sospecha Razonable

Mauricio Farah

La suspensión de la aplicación de algunas de las disposiciones de la Ley SB 1070 de Arizona, que dictó la juez Susan Bolton, es sólo una mínima parte del fenómeno que se da en ese estado en torno de la migración.

Las previsiones bloqueadas están contenidas en las secciones 4 y 5 de la ley, según las cuales los agentes de policía tienen no sólo la facultad sino la obligación de verificar el estatus migratorio de una persona cuando exista sospecha razonable de que se encuentra ilegalmente en Estados Unidos, lo que implica, desde luego, que puedan realizarse detenciones sin orden de arresto.

Otra de las disposiciones bloqueadas es la que criminaliza que migrantes indocumentados soliciten trabajo en cualquier lugar público.

Por otra parte, los habitantes de Arizona, obviamente aquellos que puedan despertar una sospecha razonable, ya no tendrán que llevar consigo siempre la documentación que acredita su legal estancia en el país.

Con el bloqueo parcial de la Ley SB 1070 se ha evitado temporalmente que las policías local y la estatal de Arizona se vean involucradas en actos violatorios de los derechos humanos, al menos debido a la ley. Ello había causado que los propios policías manifestaran su inconformidad con sus nuevas tareas.

La entrada en vigor de la ley, sin embargo, todavía cuenta con previsiones que suponen riesgos para los migrantes latinos, como lo establecido en la sección 4, que determina que un oficial puede marcar el alto a cualquier conductor cuando tenga sospecha razonable de que este haya cometido una violación a la ley de contrabando de personas.

Otra disposición que superó la primera revisión de la juez es la que tipifica como delito transportar o esconder a cualquier persona que el conductor sepa o imprudentemente ignore que entró ilegalmente en Estados Unidos.

Más allá de lo que suceda en el ámbito del proceso legal, incluida la apelación que presentó el gobierno de Arizona para restaurar las previsiones de la ley, lo que caracteriza a ésta es que su aplicación parte de un principio inaceptable: el perfil racial.

Para ocultar este rasgo racista, cada vez que la ley intenta determinar cómo y cuándo un agente tiene la facultad de detener a una persona e interrogarla para verificar su estatus migratorio recurre a la expresión “sospecha razonable”.

Así, la única forma que tendrán los 15 mil policías de Arizona para cumplir esta nueva obligación, si es que finalmente se aplica, es sospechar.

Un video de capacitación de 90 minutos de la Junta de Estándares y Entrenamiento para Oficiales de Paz sostiene que la sospecha razonable se funda en los siguientes parámetros: vestimenta, número de persona que viajen en un vehículo o hablar mal el inglés.

Resulta claro que ni al redactar la ley ni al diseñar los instrumentos didácticos para capacitar a los agentes se pudo ocultar el carácter racista, pues la expresión sospecha razonable no es más que un eufemismo desafortunado: lo que cuenta es la apariencia, el perfil racial, la exclusión de los que parecen. No hay duda: se trata de una ley que abate la libertad según la etnia, como en tiempos supuestamente superados.

A pesar de sus rasgos positivos de la resolución de la juez Bolton, no debe hacernos creer que la migración mexicana está exenta de persecución y riesgos: En lo que va del año, casi 200 mexicanos han muerto en la frontera con Estados Unidos, 150 en el desierto de Arizona.

A partir del 2 de agosto, la vigilancia en la frontera se incrementó: mil 200 elementos de la Guardia Nacional estadunidense serán desplegados en la franja fronteriza: 524 soldados en Arizona, 250 en Texas, 224 en California, 72 en Nuevo México y 130 en una oficina nacional de vinculación.

Además, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos anunció que enviará cientos de agentes a ese estado para realizar inspecciones, patrullajes y detención de traficantes de personas.

Esta movilización puede ser un mensaje del presidente Obama a los estadunidenses antiinmigrantes, a fin de compensarlos por la demanda que interpuso su gobierno contra la ley de Arizona, y que según algunos analistas, y muchos demócratas, les haría perder votos en las elecciones de noviembre próximo.

Para no dejarnos llevar por un optimismo infundado, hay que recordar que, según información de The Washington Post, el gobierno del presidente Obama deportará al cierre del año fiscal 2010 una cantidad de migrantes indocumentados sin precedente, se calcula que 400 mil, y que ha intensificado la inspección de cientos de empresas que contratan mano de obra indocumentada.

Asimismo, el gobierno federal de Estados Unidos está expandiendo un programa que busca recabar las huellas dactilares de todas las personas detenidas para determinar si son indocumentadas. Aunque este programa no ha sido tan controvertido como la ley de Arizona, puede tener mayores consecuencias para los migrantes, para la economía estadunidense y para México.

Hay que tener presente, asimismo, que cuatro condados concentran a 4.6 millones de los 6.5 millones de habitantes de Arizona: Maricopa, Pima, Pinal y Yayapai, y que allí ya se realizan redadas contra indocumentados, como es el caso, por ejemplo, de la reciente detención de 150 migrantes en Phoenix.

Todavía falta mucho para saber qué ocurrirá con la Ley SB 1070, pero debemos estar conscientes de que el trato a los migrantes mexicanos en Estados Unidos no se reduce a ella. En todo caso, se debe aprovechar la polémica generada para contribuir a reactivar la posibilidad de una reforma migratoria integral en el país del norte. En este sentido, el presidente Calderón y el Senado mexicano deben intensificar el cabildeo ante sus pares allá.

Hoy parece utópico, pero o se trabaja para que la reforme prospere o estaremos siempre a expensas de… la sospecha razonable.

mauriciofarahg@hotmail.com

Mauricio Farah fue Visaitador de la CNDH para lo relativo a los asuntos de migración
Artículo publicado en este blog bajo consentimiento del Mtro. Farah